Conflictos Viales en Nuevo León: La Lucha de CONATRAM

Descubre cómo la manifestación de CONATRAM en Nuevo León destaca los conflictos en seguridad y movilidad que afectan al transporte de carga.

¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para controlar las rutas de tránsito en su territorio? Esta pregunta resuena hoy más que nunca en las calles de Monterrey, Nuevo León.

Imagínate un día normal convertido en un campo de batalla legal y logístico: transportistas reunidos, pancartas en alto, un clamor unánime por justicia.

«¡Es ahora!» gritan, mientras exigen no solo el respeto a su derecho de tránsito, sino también medidas concretas para eliminar la corrupción vial que los asfixia.

El 29 de julio de 2024, la ciudad de Monterrey se convirtió en el escenario de una manifestación organizada por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).

La protesta, marcada por la seriedad y el orden, buscaba llamar la atención sobre prácticas injustas y abusivas que han perjudicado a los transportistas durante años.

Movilidad y Economía: Un Vínculo Indisoluble

El transporte de carga por carretera es vital para la economía mexicana, movilizando aproximadamente 468 millones de toneladas de mercancías anualmente.

Sin embargo, las regulaciones impuestas por el Estado de Nuevo León, según los manifestantes, transgreden abiertamente disposiciones nacionales y constitucionales, obligando al pago de cuotas exorbitantes bajo la amenaza de sanciones severas.

La Constitución a Prueba

Artículos como el 11 y el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen claramente el derecho al libre tránsito.

Sin embargo, los transportistas afirman que Nuevo León ha violado estas garantías, imponiendo restricciones que afectan no solo a los conductores sino también al consumidor final, evidenciado en el incremento de los precios de bienes transportados.

Un Llamado al Cambio

La demanda principal de CONATRAM es clara: la separación inmediata del cargo de Arturo Garza Morúa, Secretario de Seguridad y Vialidad, junto con una revisión completa de las políticas de movilidad.

Además, exigen la regulación de los servicios de grúas y una mesa de diálogo permanente que asegure la atención a sus necesidades y derechos.